¿Por qué el fin de las sanciones a Venezuela es una necesidad global?

El doble terremoto que enlutó a Venezuela el 24 de junio de 2026 no fue únicamente un fenómeno geológico; fue el epicentro de una colisión entre la furia de la naturaleza y la depredación geopolítica. El doblete sísmico dejó, según cifras oficiales, 5.398 fallecidos, más de 128.000 familias afectadas y 17.907 damnificados directos en situación de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, el verdadero desastre se gestó meses antes, el 3 de enero de 2026, con la invasión militar estadounidense. Aquella intervención, que costó la vida a 47 soldados venezolanos, 32 escoltas cubanos y un centenar de civiles bajo bombardeos nocturnos, transformó el derecho internacional en una cáscara vacía.

Hoy, Venezuela no enfrenta una simple crisis económica, sino una «dictadura internacional» ejecutada mediante el despojo sistemático de su patrimonio. El evento sísmico dejó una factura económica cuantiosa y devastadora, con estimaciones que varían según el alcance de los daños considerados. 

Los daños físicos directos a edificaciones e infraestructura fueron calculados por el Banco Mundial en aproximadamente 19.600 millones de dólares, concentrándose principalmente en viviendas (47%), infraestructura crítica (27%) y edificios comerciales y públicos (26%). Sin embargo, el coste total de la reconstrucción, que incluye la remoción de escombros y la edificación con normas más estrictas, se elevaría hasta un rango de 40.000 a 50.000 millones de dólares, según la misma entidad. 

Por su parte, la aseguradora Verisk estimó que las pérdidas económicas totales, que abarcan tanto los daños materiales como la paralización de la actividad productiva y el impacto en las cadenas de suministro, superarían los 10.000 millones de dólares, una cifra que, aunque significativa, no refleja la totalidad del impacto social, medioambiental y las pérdidas indirectas que agravaron aún más la crisis del país.

Pese a esta tragedia, la potencia ocupante mantiene una asfixia financiera que impide cualquier esfuerzo de reconstrucción soberana. Como bien ha argumentado el intelectual venezolano, Luis Britto García, el sistema de sanciones no es una herramienta diplomática, sino un mecanismo de post-invasión y secuestro administrativo diseñado para gestionar el pillaje de una nación herida.

Arquitectura del despojo

La denuncia de Britto García expone una estructura de saqueo amparada en Executive Orders que operan como una constitución financiera paralela. Este latrocinio colosal ha institucionalizado el desvío de la riqueza mineral venezolana hacia cuentas fuera de la jurisdicción de la República Bolivariana.

El destino de los fondos confiscados revela la magnitud de esta cleptocracia global:

• Cuenta en el Departamento del Tesoro de EE. UU.: Según datos de Financial Times y Kpler, Washington retiene al menos 13.000 millones de dólares, una cifra que representa una cuarta parte del PIB de Venezuela. Estos ingresos, ya facturados y recaudados por la venta de crudo bajo control estadounidense, permanecen en una opacidad absoluta mientras el país se desmorona.
• La Partida de Catar: Se ha denunciado una gestión opaca de fondos en Catar, manejados por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio. Un ejemplo contundente del pillaje: de un solo cargamento de 5 millones de dólares, 2 millones fueron desviados directamente a estas cuentas privadas, eludiendo cualquier control de contraloría.

La advertencia de Britto García es lapidaria al citar la mentalidad del ejecutivo estadounidense: «No están contratando con Venezuela, están contratando conmigo». Esta frase no es una hipérbole; es la confesión de que se ha reducido a un Estado soberano a la condición de botín de guerra personal.

Laberinto de las Licencias OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no es un ente regulador, sino el brazo ejecutor del terrorismo financiero global. El control por la fuerza se ejerce mediante un sistema de licencias que permite a un grupo selecto de socios (como Chevron, Repsol, Eni y Maurel & Prom) operar bajo condiciones de excepción, mientras el resto de la industria permanece bloqueada. Esta guerra por otros medios asegura que cualquier inversión sea, en realidad, un acto de vasallaje bajo la estricta supervisión de Washington.

Actualmente, nueve empresas mixtas que cuentan con licencias de la OFAC para operar y comercializar en el sector de hidrocarburos en Venezuela. Estas licencias han sido otorgadas a corporaciones extranjeras:

• Estados Unidos: A través de Chevron, que cuenta con cuatro empresas mixtas en el país.
• España: Representada por Repsol, con participación en Petro Quiriquire y Petro Carabobo.
• Italia: A través de la empresa nacional de hidrocarburos ENI, que maneja el campo Petro Sucre en el Golfo de Paria y tiene licencias de gas conjuntas con Repsol.
• Francia: Con la empresa petrolera Maurel & Prom.
• Trinidad y Tobago / Reino Unido: A través de licencias recientes otorgadas para proyectos de gas, donde operan Shell (en alianza con la National Gas Company de Trinidad y Tobago para el campo Dragón) y la británica BP.

¿Qué ocurre con Rusia, China y los países sancionados?

El 29 de julio de 2026 marcó el fin del plazo de transición establecido por la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), aprobada en Gaceta Oficial en enero de 2006, a pocos días del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero de 2026. Este cambio de modelo es radical: se abandona el esquema de «Empresas Mixtas» para adoptar los Contratos de Actividades Primarias de Hidrocarburos (anteriormente denominados CPP).

A partir del vencimiento de este plazo, el destino de las empresas mixtas chinas y rusas queda marcado por una profunda contradicción entre el marco legal impuesto y la realidad operativa del país:

Quedan legal y administrativamente bloqueadas: A nivel regulatorio, las empresas de estas potencias han quedado fuera del nuevo ordenamiento. Mientras no exista una licencia de autorización emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), estas empresas no pueden operar ni avanzar en acuerdos como socios de PDVSA. Dado que Estados Unidos no les ha otorgado —ni se espera que les otorgue— dicha licencia, formalmente se les prohíbe insertarse en el nuevo esquema de hidrocarburos.

Se mantiene su dominio fáctico en el terreno: A pesar de estar inhabilitadas en el papel por las reglas de Washington, la realidad operativa es otra. Aproximadamente el 45% de los yacimientos petroleros que actualmente están en producción se encuentran bajo el manejo de una filial de la rusa Rosneft, y un porcentaje similar es operado por corporaciones chinas. Según el intelectual Luis Britto García, el propio presidente estadounidense Donald Trump tuvo que admitir a puerta cerrada, frente a empresarios petroleros de su país, que las concesiones de Rusia y China en Venezuela son legítimas y deberán ser respetadas. Geopolíticamente, a Estados Unidos le resulta imposible desalojar por la fuerza las inversiones de dos superpotencias nucleares que, además, fueron las únicas que invirtieron y mantuvieron a flote los pozos mientras Estados Unidos imponía su férreo bloqueo, por lo que seguirán operando sus campos y llevándose su parte del crudo para cobrarse las deudas que el Estado venezolano mantiene con ambas naciones. Mientras, esto sucede, Venezuela no cuenta con los fondos producto de la venta de su petróleo para enfrentar las consecuencias del doblete sísmico.

Venezuela, por tanto, ha renovado sus peticiones para la derogación total de las medidas coercitivas impuestas desde 2015. Estas restricciones no solo se han mantenido, sino que han aumentado hasta superar el millar; y siguen en pie pese al acercamiento entre ambas naciones durante el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la urgencia humanitaria generada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026.