Capitalismo del Desastre acecha a la Venezuela Post-Terremotos

La madrugada del 24 de junio de 2026, Venezuela no solo se quebró bajo la violencia de un doblete sísmico sin precedentes; se fracturó la poca normalidad que quedaba tras años de asedio. Mientras los escombros aún humeaban en La Guaira y la Gran Caracas, en los despachos de la sombra se activaba un sismo de distinta naturaleza: el geopolítico. No estamos ante una simple catástrofe natural, sino ante el catalizador perfecto para una reconfiguración agresiva del Estado. Bajo el manto de la desorientación colectiva y el luto nacional, las élites económicas —locales y foráneas— han desenfundado un bisturí quirúrgico para aplicar lo que Naomi Klein definió como la «Doctrina del Shock». La vulnerabilidad de los edificios colapsados es hoy el espejo de una soberanía hipotecada, donde el polvo de los escombros sirve para ocultar el reparto de un botín estratégico.

Doctrina del Shock: Marco teórico de la explotación

Para entender por qué las leyes se están redactando más rápido que la llegada de los suministros básicos, hay que mirar el manual de Milton Friedman. El «Capitalismo del Desastre» no es una anomalía, sino una herramienta deliberada. Se trata de aprovechar la «regresión infantil» de una población traumatizada —técnica documentada en los manuales de interrogación de la CIA de 1963— para imponer reformas que en tiempos de paz social serían rechazadas con fuego en las calles.

El «Tratamiento de Choque» en Venezuela se asienta sobre tres pilares de acero:

• Privatización por asfixia: Se explota la parálisis de los servicios públicos para transferir activos nacionales al capital privado bajo la narrativa de la «eficiencia de emergencia».
• El vértigo del trauma: El shock desarticula la capacidad de los ciudadanos para proteger sus intereses, permitiendo un tutelaje externo que se vende como «ayuda humanitaria».
• Ideas al acecho («Ideas lying around»): Como advirtió Friedman, la dirección del cambio tras una crisis depende de las ideas que estén «flotando».

En Venezuela, los planes de desmantelamiento social no se improvisaron el 24 de junio; estaban archivados en las cámaras empresariales, esperando el momento exacto para ser ejecutados sin debate público. Lo que hoy se presenta como un corredor humanitario es, en realidad, el carril rápido para una reestructuración económica forzada.

De Nueva Orleans a Haití: Espejos del Pasado

El guion que hoy se intenta aplicar en suelo venezolano es un plagio de tragedias previas. Desde el cable filtrado por WikiLeaks donde el embajador de EE. UU. en Haití afirmaba triunfal que «la fiebre del oro está encendida» tras el sismo de 2010, hasta la demolición de viviendas públicas en Nueva Orleans tras el Katrina, el patrón es idéntico: la tragedia es la mejor oportunidad de negocios.

Venezuela, sin embargo, eleva las apuestas. Aquí no solo se disputa el suelo, sino el control del 70% de unos ingresos petroleros que ya operan bajo un bypass ilegítimamente supranacional.

Antes del sismo, el país ya enfrentaba un pre-shock financiero devastador:

Bloqueo y secuestro de fondos: El Observatorio Venezolano Antibloqueo ha reportado que existen más de 22.000 millones de dólares bloqueados en el sistema internacional (en bancos privados y organismos multilaterales). Esta cifra incluye, por ejemplo, 5.000 millones en derechos especiales de giro del FMI y el equivalente a unos 2.000 millones de dólares en oro retenidos en el Reino Unido. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha solicitado formalmente al rey Carlos III del Reino Unido la liberación de las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran retenidas en el Banco de Inglaterra.
Esta petición, presentada mediante una carta oficial, busca que estos recursos sean devueltos a Venezuela para atender la emergencia humanitaria y los costos de reconstrucción tras el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio. Por ahora, el gobierno británico no ha modificado su postura pública.

Confiscación masiva de ingresos públicos: Las medidas coercitivas han causado la pérdida de entre el 80% y el 90% de los ingresos públicos de Venezuela en divisas extranjeras, los cuales dependían abrumadoramente de las exportaciones mineras y de hidrocarburos. A través de órdenes ejecutivas estadounidenses, se ha dictaminado que los ingresos generados por la riqueza petrolera y mineral no entren al tesoro venezolano, sino que son depositados en el tesoro de los Estados Unidos o en partidas manejadas privadamente en el extranjero, como en Qatar.

Destrucción de la industria petrolera: La política de «cerco y asfixia» implementada incluyó el bloqueo de puertos para impedir la salida de buques, ahogando al país con su propia producción y provocando una caída brutal tanto en la extracción de crudo como en la entrada de ingresos. Este prolongado bloqueo ha deteriorado y destruido la infraestructura de los campos petroleros, calculándose que se necesitaría una inversión de 1.000 millones de dólares a lo largo de 10 años solo para rehabilitar los yacimientos inactivos.

Impacto de juicios y demandas: La asfixia a la industria se ve agravada por juicios internacionales contra PDVSA por un monto de 40.000 millones de dólares, lo que impacta directamente en las finanzas del Estado y se traduce en dificultades sociales y económicas para la población.

A nivel internacional, el daño de estas sanciones trasciende a Venezuela, ya que se estima que el bloqueo promovido por Estados Unidos también ha generado pérdidas por 500.000 millones de dólares al mercado energético mundial en su conjunto.

Pese a que se estima que reconstruir el país tras el doble terremoto costará entre $12.000 y $37.000 millones (un tercio del PIB), hasta el momento el FMI ha liberado solo $346 millones, una cifra irrisoria comparada con los fondos venezolanos retenidos en el exterior.

El USS San Antonio y el Control del Crudo

La presencia del buque USS San Antonio en costas venezolanas no es una misión de caridad; es el centro de mando de un tutelaje de facto. La ironía es sangrienta: mientras Washington ofrece migajas en «ayuda», mantiene el control sobre el 70% de los ingresos petroleros actuales. Según un artículo del ingeniero Einstein Millán Arcia, de los $11.600 millones exportados recientemente, la gran mayoría permanece bajo control estadounidense.

Esta arquitectura neocolonial se cierra con la reestructuración de la deuda externa. Se pretende hipotecar el destino nacional por los próximos 30 años, subordinando el bienestar social al pago de acreedores. Ante esto, surge la demanda urgente de una auditoría de la deuda odiosa, contraída en condiciones de debilidad extrema y asedio, para evitar que el país sea entregado en una mesa de negociación en Nueva York.

Para que el futuro de Venezuela no sea escrito por los financistas de la doctrina del shock, es imperativo exigir la soberanía sobre los recursos petroleros para financiar un plan rector diseñado por profesionales venezolanos y no por consultoras de Washington.

La batalla actual es por la memoria contra el olvido. Venezuela se debate hoy entre ser el arquitecto de su propia construcción o convertirse en una economía de enclave, donde cada ladrillo nuevo sea un eslabón más de una cadena de dependencia. La verdadera reconstrucción será soberana o no será.